La transición hacia una movilidad más sostenible sigue acelerándose en Europa. Recientemente se han conocido dos iniciativas relevantes que marcarán el rumbo de los próximos años tanto para las administraciones como para las empresas del sector transporte y logística.
Por un lado, el Gobierno de España ha sacado a audiencia pública el nuevo Plan Social para el Clima (PSpC), dotado con 9.099 millones de euros para apoyar a hogares y microempresas vulnerables en la transición energética. Por otro, la Unión Europea ha aprobado el nuevo Reglamento (UE) 2026/1030, que establece una metodología común para calcular y comunicar las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte.
Aunque se trata de iniciativas diferentes, ambas comparten un mismo objetivo: acelerar la descarbonización garantizando al mismo tiempo cohesión social, transparencia y competitividad.
El Plan Social para el Clima: 9.099 millones para una transición más inclusiva
El Proyecto de Plan Social para el Clima, actualmente en fase de audiencia pública hasta el 29 de junio de 2026, pone el foco especialmente en hogares vulnerables, usuarios con dificultades de acceso al transporte y microempresas altamente dependientes de combustibles fósiles, incorporando además criterios de cohesión territorial y perspectiva de género.
El Plan, previsto en el marco regulatorio europeo, llega con retraso respecto a los plazos inicialmente establecidos, lo que ha alargado su fase de definición hasta este punto en el que se abre finalmente el proceso de participación pública y su posterior remisión a la Comisión Europea.
El Plan movilizará inversiones entre 2026 y 2032 y estará cofinanciado por el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea.
La distribución prevista de fondos se divide en dos grandes ámbitos:
- 4.723 millones de euros para edificios
- 4.376 millones de euros para transporte
El componente de movilidad tendrá un peso especialmente relevante, con medidas orientadas a reducir la pobreza de transporte y mejorar el acceso a alternativas limpias y asequibles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plan Social para el Clima: Movilidad sostenible, electrificación y cohesión territorial
Entre las principales actuaciones previstas en el ámbito del transporte destacan:
- Electrificación de flotas de microempresas y autónomos
- Renovación de vehículos pesados y ligeros
- Despliegue de infraestructura de recarga
- Refuerzo del transporte público asequible
- Creación de un “Abono Único Social”
- Impulso del transporte a demanda en zonas rurales
- Desarrollo de infraestructura ciclista y movilidad activa
- Fomento de la intermodalidad y del carpooling
El objetivo es avanzar hacia un modelo de movilidad más accesible y resiliente, evitando que la transición ecológica genere nuevas desigualdades territoriales o sociales.
Una nueva norma europea para calcular las emisiones del transporte
En paralelo, la Unión Europea ha aprobado el Reglamento (UE) 2026/1030 sobre contabilización de emisiones de gases de efecto invernadero de los servicios de transporte, publicado en el Diario Oficial de la UE el pasado 12 de mayo.
Aunque el reglamento no obliga, de momento, a todas las empresas a calcular su huella de carbono, sí establece reglas comunes para aquellas compañías que comuniquen emisiones de forma contractual, comercial, voluntaria o por exigencia normativa.
La nueva normativa establece un marco común para calcular y comunicar las emisiones cuando estas se divulguen de forma contractual, comercial, voluntaria o por exigencia normativa.
Hasta ahora coexistían diferentes metodologías, dificultando la comparación entre operadores y modos de transporte. El nuevo reglamento busca armonizar criterios y mejorar la transparencia ambiental en toda la cadena logística.
Metodología común y datos comparables
La regulación obliga a utilizar la norma técnica EN ISO 14083:2023, basada en el enfoque “del pozo a la rueda” (well-to-wheel), que contabiliza:
- Emisiones derivadas del suministro energético
- Emisiones generadas durante el uso del vehículo
- Emisiones asociadas a centros logísticos y nodos de transporte
Las emisiones deberán expresarse en CO2 equivalente (CO2e) mediante métricas comparables como:
- Emisiones por tonelada-kilómetro
- Emisiones por pasajero-kilómetro
Esto permitirá comparar de forma homogénea operadores, rutas y modos de transporte, algo especialmente relevante en un contexto donde la huella de carbono gana peso en los procesos de contratación y reporte ESG.
Verificación externa y apoyo a pymes
El reglamento también refuerza la fiabilidad de los datos ambientales:
- Las grandes empresas deberán someter sus cálculos a verificación externa acreditada
- Las pymes quedarán exentas de esta obligación
Además, la Comisión Europea prevé desarrollar antes de 2030 una herramienta gratuita y simplificada para microempresas y pequeñas compañías transportistas, facilitando el cálculo de emisiones sin necesidad de grandes recursos técnicos.
El reglamento entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, aunque su aplicación general será exigible a partir del 2 de diciembre de 2030. No obstante, determinadas disposiciones técnicas y organizativas comenzarán a aplicarse desde su entrada en vigor, iniciando una transición progresiva hacia sistemas de reporte más homogéneos y trazables.
Dos iniciativas con un mismo horizonte
El Plan Social para el Clima y el nuevo reglamento europeo de emisiones reflejan cómo la transición hacia una movilidad descarbonizada avanza simultáneamente en dos direcciones complementarias: por un lado, impulsando inversiones públicas para garantizar una transición justa y accesible; por otro, estableciendo estándares comunes que aporten rigor, comparabilidad y transparencia ambiental al sector transporte.
En este nuevo escenario, la descarbonización del transporte no se limitará únicamente a reducir emisiones, sino también a garantizar accesibilidad, resiliencia energética, competitividad empresarial y cohesión social.
