Durante años, el debate sobre movilidad sostenible ha girado en torno a la descarbonización, la electrificación del parque móvil o las Zonas de Bajas Emisiones. Sin embargo, existe una cuestión fundamental que ha permanecido en segundo plano: ¿qué ocurre cuando una persona no puede acceder a un empleo, una consulta médica o un centro educativo porque no dispone de una alternativa de movilidad adecuada?
La respuesta a esta pregunta tiene nombre: pobreza de transporte.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trabaja ya en una Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte, impulsada por la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que reconoce la movilidad como un derecho de la ciudadanía. Un enfoque que supone un cambio relevante: la movilidad deja de entenderse únicamente como una cuestión de infraestructuras para convertirse también en una herramienta de cohesión social.
Mucho más que una cuestión económica
Cuando hablamos de pobreza de transporte no nos referimos únicamente a la dificultad para pagar un billete o mantener un vehículo. La estrategia identifica cuatro dimensiones que ayudan a entender la complejidad del problema:
- La primera es la disponibilidad, es decir, la existencia de opciones de transporte público o privado que permitan cubrir las necesidades cotidianas de movilidad con horarios, frecuencias y cobertura adecuadas.
- La segunda es la accesibilidad, relacionada con la posibilidad de llegar a servicios esenciales como el empleo, la educación o la sanidad en un tiempo razonable. Porque no basta con que exista un servicio; también es importante cuánto tiempo requiere utilizarlo.
- La tercera dimensión es la asequibilidad, que hace referencia a la capacidad de las personas y los hogares para asumir los costes de la movilidad sin comprometer otras necesidades básicas.
- Y, por último, la aceptabilidad, un concepto menos conocido pero igualmente relevante. Incluye aspectos como la accesibilidad universal para personas con discapacidad o necesidades específicas de movilidad, la seguridad, la disponibilidad de información clara y comprensible o la adaptación de los servicios a las necesidades de distintos colectivos y territorios.
En definitiva, hablamos de personas que ven reducidas sus oportunidades por problemas relacionados con la movilidad, ya sea porque no existen alternativas, porque llegar a los destinos resulta demasiado complejo, porque los costes son excesivos o porque los servicios no están realmente diseñados para todos.
La brecha entre la ciudad y el mundo rural
El diagnóstico realizado por el Ministerio pone de manifiesto una realidad conocida, pero pocas veces cuantificada: la fuerte desigualdad territorial existente en España.
Mientras las grandes áreas urbanas cuentan con amplias redes de transporte público, las zonas rurales y los municipios de baja densidad siguen dependiendo en gran medida del vehículo privado.
El problema surge cuando el coche deja de ser una opción para convertirse en una obligación.
Muchos residentes en el medio rural necesitan recorrer largas distancias para acceder a servicios sanitarios, educativos o administrativos. Sin embargo, la oferta de transporte público suele ser limitada y, en numerosos casos, insuficiente para cubrir las necesidades cotidianas.
Los datos que invitan a la reflexión
Las cifras recogidas en el análisis son reveladoras.
- El 26,3% de la población española no dispone de un servicio de transporte público estándar realmente útil.
- En las zonas rurales, esta situación afecta a más de la mitad de la población.
- El 5,8% de los hogares no puede permitirse disponer de un coche pese a necesitarlo.
- El 12,5% destina más del 10% de sus ingresos a gastos relacionados con la movilidad.
- Más de 800.000 hogares combinan bajos ingresos con costes elevados de transporte.
Detrás de estos datos hay millones de personas para quienes desplazarse supone una dificultad económica o territorial que condiciona su acceso al empleo, la educación, la sanidad o el ocio.
Captura de pantalla del visor cartográfico “Pobreza de Transporte en España” con indicadores compuestos de accesibilidad por quintiles, paneles de gráficos de población y territorio, y filtros por comunidad, provincia y municipio
VISUALIZADOR DE INDICADORES
Una movilidad sostenible para todos
La movilidad sostenible no puede medirse únicamente por el número de vehículos eléctricos o por la reducción de emisiones. También debe evaluarse por su capacidad para garantizar la igualdad de oportunidades.
Una red de transporte será verdaderamente sostenible cuando permita que cualquier persona, independientemente de su edad, renta o lugar de residencia, pueda acceder en condiciones adecuadas a los servicios y actividades esenciales.
La Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte abre un debate necesario. Porque la movilidad no es solo una cuestión ambiental, económica o tecnológica. Es también una cuestión de justicia social.
