Los municipios están afrontando una auténtica transformación de su movilidad impulsada por diferentes normas.
La Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética estableció la obligación de que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptaran Planes de Movilidad Urbana Sostenible que incorporasen medidas para reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo las ZBE. Esta obligación también se extiende a municipios de más de 20.000 habitantes cuando se superan determinados valores límite de contaminación.
Posteriormente, el Real Decreto 1052/2022 estableció el marco regulador de las Zonas de Bajas Emisiones y subrayó la necesidad de integrarlas con otros instrumentos de planificación. La norma plantea las ZBE como una herramienta para mejorar la calidad del aire, impulsar el cambio modal y avanzar hacia una movilidad más sostenible.
Y la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible ha ampliado todavía más este marco. Entre otras cuestiones, establece que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes deben dotarse de un plan de movilidad sostenible simplificado y contempla instrumentos específicos para los grandes centros de actividad y los planes de movilidad sostenible al trabajo.
A esto se suma el despliegue de la infraestructura de recarga, con nuevas obligaciones y objetivos para facilitar la electrificación de la movilidad. La propia Ley de Movilidad Sostenible establece, además, un Plan Estatal para el despliegue de puntos de recarga en pequeños y medianos municipios y modifica el marco de las ZBE para que las entidades locales faciliten la implantación de puntos de recarga y establezcan objetivos anuales mínimos en su normativa.
Son muchas obligaciones, pero también muchas oportunidades. La clave está en no abordarlas como compartimentos estancos.
En este contexto, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la ZBE de Málaga abre un debate que debemos aprovechar para mirar hacia adelante: cómo conseguir que todas estas obligaciones y herramientas se desarrollen de forma coordinada, eficaz y con la participación de quienes hacen posible la movilidad cada día.
La sentencia anula el régimen de circulación de la ZBE de Málaga por considerar discriminatorio el requisito de domiciliación del vehículo y todavía no es firme, ya que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Más allá de su recorrido jurídico, el caso debe servir para extraer una conclusión: los retos de la movilidad sostenible no se resuelven con medidas aisladas, sino con planificación, coordinación y diálogo.
De muchas obligaciones a una estrategia común
Un municipio puede encontrarse con la obligación de desarrollar o actualizar diferentes instrumentos relacionados con la movilidad. La respuesta no debería ser elaborar un documento detrás de otro, sin conexión entre ellos. Todo lo contrario.
Este momento ofrece una oportunidad para integrar las distintas políticas y construir una estrategia de movilidad común.
Una ZBE puede formar parte del Plan de Movilidad. Las medidas de movilidad al trabajo pueden conectarse con la estrategia municipal. El despliegue de infraestructura de recarga puede responder a las necesidades detectadas en los desplazamientos. Las políticas de transporte público, movilidad activa, aparcamiento o logística urbana pueden reforzarse entre sí.
De esta forma, lo que inicialmente puede parecer una acumulación de obligaciones se convierte en una herramienta para ordenar la movilidad del municipio, establecer prioridades y avanzar con una visión de conjunto. Y también para simplificar.
Porque hacer las cosas de forma coordinada puede evitar duplicidades, mejorar la utilización de los recursos y facilitar que las diferentes administraciones y agentes trabajen hacia los mismos objetivos.
Málaga: una piedra en el camino que debe servir para avanzar
En este escenario, el caso de Málaga puede entenderse como una llamada de atención.
Las políticas de movilidad sostenible pueden encontrarse con obstáculos en su desarrollo. Las cuestiones jurídicas forman parte de ellos, pero también lo son la falta de coordinación, la ausencia de diálogo o una comunicación insuficiente con quienes se ven afectados por las medidas.
Por eso, el reto no debe llevarnos a cuestionar la necesidad de avanzar hacia modelos de movilidad más sostenibles, sino a preguntarnos cómo podemos hacerlo mejor.
El objetivo de las ZBE sigue siendo necesario: mejorar la calidad del aire, reducir emisiones y favorecer un cambio hacia formas de desplazamiento más sostenibles. El propio marco regulatorio estatal las integra dentro de una estrategia más amplia de movilidad y cambio modal.
Lo que debemos reforzar es la forma de desplegarlas con planificación, coordinación, seguridad jurídica y, especialmente, con diálogo.
Empresas y ciudadanía, parte de la solución
La transformación de la movilidad no puede hacerse únicamente desde los ayuntamientos.
Las empresas son actores fundamentales porque una parte importante de los desplazamientos diarios tiene su origen en los centros de trabajo. Y la nueva Ley de Movilidad Sostenible incorpora precisamente los Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo y los planes para grandes centros de actividad dentro de este nuevo marco. Además, cuando coinciden varios centros de trabajo en un mismo lugar, la norma contempla mecanismos de coordinación para compartir información y poner en marcha soluciones de movilidad sostenible.
Esto abre una oportunidad especialmente relevante en polígonos industriales, áreas empresariales y otros grandes espacios de actividad.
En lugar de que cada empresa busque individualmente una solución a sus desplazamientos, la coordinación entre empresas, administraciones y trabajadores puede permitir diseñar soluciones compartidas y mucho más eficientes.
Y la ciudadanía también debe formar parte de este proceso. Porque explicar el porqué y el para qué de cada medida es tan importante como diseñarla.
Una ZBE no debería comunicarse únicamente desde la perspectiva de lo que se restringe. Debe explicarse qué se pretende conseguir y qué beneficios tendrá para las personas: menos contaminación, desplazamientos más eficientes, mejores alternativas de transporte, ahorro de tiempo y costes y espacios urbanos más habitables.
La movilidad sostenible debe demostrar su retorno
Para que esta transformación sea efectiva, la planificación debe ir acompañada de recursos.
Los próximos presupuestos representan una oportunidad para que municipios y administraciones incorporen partidas destinadas a ejecutar las medidas previstas en sus estrategias de movilidad.
Pero también debemos cambiar la forma de medir estas inversiones.
La pregunta no debería ser únicamente cuánto cuesta una medida, sino también qué retorno genera.
Una red de transporte colectivo más eficiente puede reducir tiempos y costes de desplazamiento. Una mejor gestión de la movilidad al trabajo puede disminuir los viajes en vehículo privado. Una logística urbana más ordenada puede mejorar la eficiencia de las empresas. Una red de recarga adecuada puede facilitar la electrificación. Y una ciudad con espacios más accesibles y saludables genera beneficios que van mucho más allá de la movilidad.
Por eso, los recursos son necesarios, pero también lo es priorizar las actuaciones que generen mayor impacto y retorno.
Hacerlo juntos para avanzar más rápido
El gran reto de los municipios no es cumplir cada obligación de manera independiente. Es convertir todas ellas en una estrategia de movilidad coherente.
Las ZBE, los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, los planes de movilidad al trabajo, la electrificación, la infraestructura de recarga, el transporte público o la movilidad activa no son piezas aisladas. Forman parte de una misma transformación.
Y para que funcione, necesitamos que administraciones, empresas, ciudadanía y demás grupos de interés participen en ella.
El caso de Málaga puede plantear dificultades y abrir debates jurídicos que deberán resolverse por las vías correspondientes. Pero no debería interpretarse como una razón para retroceder.
Debe ser una oportunidad para avanzar mejor y para garantizar que las medidas de movilidad sostenible se despliegan de forma eficiente y con el mayor beneficio posible para la sociedad. Porque la movilidad de los municipios es, sin duda, un reto. Pero también es una oportunidad para construir ciudades más eficientes, saludables, competitivas y sostenibles.
Y esa oportunidad solo podremos aprovecharla si avanzamos juntos.
