May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible.
¡El 2025 arranca con energía! Este enero hemos batido récords de matriculación de vehículos eléctricos, con un 50,21% más eléctricos puros y 17,53% más híbridos enchufables que en 2024. Efecto de las ventas de diciembre que se matricularon en enero; efecto de la entrada de la normativa CAFE que parece haber “despertado” las ventas, efecto de las 54 ZBE ya implantadas y las 95 ZBE que actualmente se encuentran en tramitación, efecto del boca a boca de las bondades de los vehículos eléctricos por parte de los usuarios de los mismos,… o una suma de todo ello.
Sea como sea, la transición hacia una movilidad eléctrica en España muestra señales de avance, tanto en lo que a matriculaciones se refiere como al despliegue de infraestructura de recarga, aunque sigue enfrentándose a diferentes obstáculos que ponen en riesgo su avance al ritmo que necesitamos, muchos de ellos identificados en el IV Informe OBS Movilidad Eléctrica en España.
Uno clave y muy relevante lo evidenciaba Electra, durante la inauguración de la primera “Electralinera” en España. Un proyecto consistente en la puesta en marcha de 10 puntos de recarga ultrarrápida de 400 kW, capaces de dar servicio de recarga hasta a 40 vehículos cada hora, que comenzó en mayo del 2022 y que tras largos plazos para su instalación han estado más de un año pendientes del alta por la correspondiente compañía distribuidora eléctrica.
Y es que estos largos plazos administrativos para la puesta en funcionamiento de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que según el IV Informe OBS Movilidad Eléctrica en España triplican los plazos Que España triplica los plazos de puesta en funcionamiento de los puntos de recarga públicos frente a otros países europeos, afectan actualmente a más de 10.000 puntos de recarga en el país, que se encuentran pendientes de trámites burocráticos. Largos plazos que suponen una serie de costes económicos, de imagen y de ineficiencia que penalizan y ralentizan el desarrollo del sector.
Burocracia e ineficiencia que no solo afecta a los operadores de puntos de recarga, sino que también impacta negativamente en la percepción de los usuarios y casi más importante, potenciales usuarios, quienes encuentran dificultades para confiar en un modelo de movilidad eléctrica al ver los puntos instalados pero no operativos durante largos plazos de tiempo.
Los costes ocultos de la burocracia
Cada día que un punto de recarga permanece inactivo, las empresas asumen costes de mantenimiento de infraestructuras que aún no han generado ingresos. A esto se suma la pérdida de garantías de los componentes, que expiran sin haber sido utilizados. La mala imagen ante potenciales clientes es otro factor crítico, ya que los operadores de recarga son los que enfrentan las quejas de los usuarios, aunque la responsabilidad del retraso recaiga en terceros. Además, los costes de gestión se disparan y la rentabilidad de la inversión se reduce drásticamente.
Un problema estructural que exige soluciones inmediatas
La consulta pública realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre infraestructuras de recarga dejó en evidencia múltiples puntos de mejora. Entre ellos, la necesidad de mayor transparencia sobre la capacidad de la red eléctrica y una reducción de los tiempos de puesta en funcionamiento. También se identificó la urgencia de controlar posibles fraudes y de legislar tanto las reglas sobre acceso y conexión a las redes de electricidad como el acceso a la información relativa a la capacidad disponible y su distribución, entre otras.
El papel de las distribuidoras eléctricas
Un factor clave en estos retrasos es la alta concentración de las distribuidoras en grandes compañías energéticas que, a su vez, están desplegando su propia red de recarga. En este contexto, Endesa e Iberdrola, que concentran más del 50% de las redes de distribución, juegan un papel determinante en la agilidad del proceso. Su compromiso con la reducción de tiempos administrativos y una mayor apertura a nuevos actores podría marcar la diferencia en la transición hacia una movilidad más limpia.
Pero este problema no es exclusivo de la infraestructura de recarga. El sector fotovoltaico también ha denunciado la falta de agilidad en las conexiones de autoconsumo colectivo, lo que llevó a la CNMC a intervenir ante posibles trabas y prácticas anticompetitivas. Si España quiere acelerar su independencia energética y fomentar la generación de energía renovable, es imprescindible que se garantice un acceso equitativo a la red eléctrica, evitando que los intereses de unos pocos frenen el desarrollo del sector.
Por ello, es urgente que se adopten medidas para agilizar los trámites administrativos y garantizar un marco regulador que permita el despliegue eficiente de infraestructuras de recarga. Esto no solo beneficiará a las empresas del sector y a los usuarios del vehículo eléctrico, sino que también impulsará la movilidad eléctrica, reducirá la dependencia energética del exterior y generará importantes beneficios ambientales, económicos y sociales para el país y la sociedad en general.
El compromiso de las grandes distribuidoras eléctricas y de las compañías energéticas que concentran las redes de distribución resulta crucial, pero también lo es la actuación decidida de los organismos reguladores, . La movilidad sostenible no puede seguir esperando. Es hora de eliminar las barreras burocráticas y permitir que la transición energética avance al ritmo que la sociedad, la industria, el país y el planeta necesitan.
Un tema relevante que desde Empresas por la Movilidad Sostenible trataremos el próximo 27 de marzo durante el encuentro profesional ‘SUMMIT 2025: Impulsando la Movilidad Sostenible desde las Empresas’.
Porque #JuntosImpulsamosCambios.
