Dilmer Alvarado, Marketing Manager de BusForFun
Durante años, la movilidad sostenible se ha abordado desde la electrificación, las infraestructuras o la innovación tecnológica. Sin embargo, hay una dimensión que sigue quedando fuera del foco estratégico de muchas organizaciones: la movilidad al trabajo.
Cada día, miles de empleados se desplazan a sus centros de trabajo en un modelo que, aunque asumido como normal, tiene un impacto económico, operativo y social que pocas empresas están midiendo de forma estructurada. La movilidad al trabajo no gestionada no suele figurar como una partida específica en la cuenta de resultados, pero eso no significa que no tenga impacto. De hecho, se distribuye en múltiples variables clave del negocio.
La rotación de talento, por ejemplo, puede suponer entre el 50% y el 200% del salario anual de un empleado. El absentismo, que en España se sitúa entre el 6% y el 7%, implica costes de hasta 2.000 euros por persona al año. Los accidentes in itinere representan hasta el 10% de la siniestralidad laboral. Y a esto se suma el coste de infraestructuras como el aparcamiento, que puede oscilar entre 1.000 y 3.000 euros anuales por plaza.
Pero hay un elemento que suele quedar fuera de la ecuación: el coste que asume el propio empleado. En muchos casos, desplazarse al trabajo puede suponer más de 300 euros al mes. Un gasto que no paga directamente la empresa, pero que impacta en la satisfacción, en la retención y en la presión salarial. En la práctica, el empleado paga por ir a trabajar… y la empresa lo acaba notando.
Por eso, la movilidad al trabajo no es solo una cuestión medioambiental. Es una variable empresarial. Afecta a la capacidad de atraer talento, a la productividad diaria, al clima interno y, cada vez más, al posicionamiento ESG de la compañía. El commuting forma parte del Scope 3, lo que obliga a muchas organizaciones a empezar a medir, justificar y reducir su impacto.
A este contexto se suma un cambio relevante: la aceleración del marco normativo. La Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible ya establecía la obligación de que determinadas empresas dispusieran de un Plan de Movilidad al Trabajo. Pero la reciente actualización ha reducido el plazo de adaptación de 24 a 12 meses. Lo que hasta ahora podía tratarse como un proyecto a medio plazo, se convierte en una prioridad operativa inmediata.
El principal desafío no es la falta de soluciones, sino la falta de enfoque. En muchas empresas, el commuting sigue tratándose como una suma de decisiones individuales. Sin embargo, cuando el impacto es colectivo, la gestión también debe serlo. La movilidad deja de ser un tema periférico para convertirse en una infraestructura más del negocio.
En este contexto, compañías como BusForFun España están ayudando a las organizaciones a transformar ese modelo. A través del diseño de Planes de Movilidad al Trabajo, el análisis de orígenes y turnos, la optimización de rutas y ocupación, y la medición del impacto —incluyendo KPIs de CO₂ certificados—, es posible convertir un problema difuso en un sistema gestionado.
No se trata únicamente de reducir emisiones o de cumplir con una normativa. Se trata de mejorar la eficiencia operativa, la experiencia del empleado y la competitividad de la empresa.
Durante años, el commuting ha sido una realidad asumida. Hoy, empieza a ser una decisión estratégica. Y como en cualquier otra infraestructura crítica, la diferencia no estará en si existe… sino en cómo se gestiona.
