La semana pasada la Eurocámara aprobó nuevas medidas que forman parte del paquete «Fit for 55» y gracias a las que tendremos estaciones cada 60 km para automóviles, cada 120 km para camiones y autobuses, y estaciones de repostaje de hidrógeno cada 200 km. Además de recargas sin suscripción y pago del combustible alternativo por kWh, kg, minuto o sesión, y más combustibles marítimos ecológicos para buques portacontenedores y de pasajeros. 

Pero ¿cómo estamos en España?

Según AEDIVE, en el 2022 se batieron récords en la instalación de puntos de recarga públicos -solo en ese año se instaló el 54 % del total de la infraestructura pública existente en España. Infraestructura que sigue creciendo actualmente a un ritmo de 1.000 puntos de recarga al mes.

Sin embargo, solo en el 2022, 7.400 no pudieron ponerse en marcha por estar pendientes de conexión a la red, limitando a 21.573 los puntos de recarga públicos operativos. Y es que el plazo máximo para realizar dicha conexión es de dos años y esto está dificultando el proceso. Por ello, AEDIVE ha trasladado algunas mejoras a la ‘Propuesta de Circular’ de la CNMC por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de demanda de energía eléctrica. Dichas propuestas son: agilización y simplificación de los trámites, con la consecuente reducción de tiempos; transparencia de la capacidad de la red disponible y control del fraude.

En esta línea, el pasado mes de mayo MITECO aprobó la orden que regula la información que deben facilitar los gestores de los puntos de recarga eléctrica de carácter público. Otra gran noticia. Con ello, las empresas encargadas de gestionar los puntos de recarga para vehículos eléctricos tendrán que remitir información sobre las características de sus instalaciones y el precio de sus servicios al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que la publicará en un mapa web interactivo, similar al actual Geoportal Gasolineras, al que todos los ciudadanos podrán acceder a través de internet.

La puesta en funcionamiento del mapa interactivo de puntos de carga facilitará un uso más eficiente de la infraestructura de recarga al disponibilizar de forma anticipada al consumidor la ubicación, horarios, potencia, modos de carga, precios, disponibilidad de la instalación y el precio de venta de la electricidad o del servicio de recarga.

Sin embargo, solamente los puntos de potencia igual o superior a 43 kW tendrán la obligación de remitirla y actualizarla automáticamente, siempre que haya una modificación. Por ello, la obligatoriedad de facilitar esta información actualizada debería ampliarse a toda la red pública, no solo porque actualmente en torno al 80 % de la infraestructura quedaría fuera de la obligación por no superar la potencia, sino porque también se corre el riesgo de que sea la potencia que predomine -aún más- a partir de ahora para evitar el cumplimiento de dicha obligatoriedad, dando como resultado una red menos eficiente que no cubre las necesidades de todos, como es el caso de flotas corporativas y vehículos industriales que necesitan infraestructura de carga rápida.

Además, también debería ampliarse a hidrógeno y combustibles renovables, donde empresas como Redexis o Repsol, respectivamente, están realizando una gran apuesta.

Y es que la infraestructura de recarga sigue siendo una barrera para el despliegue de la movilidad sostenible, tal y como ha quedado reflejado, en el White Paper del ‘Think Tank EMS: Hacia la descarbonización de las flotas corporativas’, celebrado con el apoyo de Bridgestone y en el que han colaborado expertos de organizaciones referentes como Alimerka, Lodisna, Etecnic, Repsol, Nacex, Webfleet, Sesé, Northgate, Disfrimur y MITECO.

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#MovilidadSostenible

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