El mercado del vehículo eléctrico en España arranca el 2026 con un crecimiento sólido de las matriculaciones de eléctricos puros (+28 % en enero de 2026) e híbridos enchufables (+71 %, llegando así al 20% de la cuota de mercado total). Sin embargo, el sector aún necesita un mayor impulso y certidumbre si queremos alcanzar los objetivos establecidos a nivel europeo y nacional.
Un ejemplo de la necesidad de dicha certidumbre ha sido la situación recientemente vivida en torno al incentivo fiscal, tras la derogación de un paquete de medidas que incluía una deducción del 15 % en el IRPF para particulares y empresas que adquirieran vehículos eléctricos o instalaran puntos de recarga.
Si bien en el último Consejo de Ministros se aprobaba, dentro del marco de un nuevo Real Decreto-Ley de medidas del escudo social, la prórroga de esa deducción del 15 % en el IRPF, ha sido alta la incertidumbre generada en torno a este incentivo fiscal tras la retirada del paquete anterior, que ha paralizado tanto a usuarios como a empresas.
Un ejemplo más de por qué desde el sector se sigue demandando la necesidad de tener una mayor estabilidad normativa, continuidad clara de planes y rapidez de implantación para consolidar la transición hacia la movilidad sostenible.
Ayudas y marco regulatorio: sin estabilidad y ejecución, se enfría la demanda
Tras la finalización del Plan Moves III y a la espera de conocer los criterios de las nuevas ayudas, también se ha vivido una ralentización de la demanda.
En este sentido y como parte de el Plan Auto 2030, el Gobierno aprobaba esta semana el Programa Auto+, una línea de ayudas dotada con 400 millones de euros que contempla hasta 5.000€ por la adquisición de vehículos etiqueta CERO, tanto eléctricos puros (BEV y FCEV) como electrificados (EREV y PHEV), pero cuya cuantía definitiva se determinará en base a la tipología de vehículo y aplicando criterio EEE: favoreciendo modelos 100% Eléctricos, Económicos y Europeos. Además, el Gobierno ha lanzado ayudas de hasta 7.500 euros para autónomos y micropymes que compren coches eléctricos.
Desde el punto de vista de los usuarios, esta combinación de ayudas directas y fiscales representa una señal positiva, aunque aún quedan dudas sobre la rapidez de aplicación, plazos de resolución efectivos y la coordinación con otras líneas de apoyo.
Ángel García, presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE), lo resume así: “Como usuarios esperamos del Plan Auto+ unas ayudas claras, simples y homogéneas en toda España, con plazos de resolución cortos. Si el incentivo no se aplica rápido (idealmente como descuento directo en factura) deja de ser incentivo. A día de hoy falta concreción, así que somos prudentes.”
García subraya algo clave: las barreras que siguen frenando a nuevos usuarios no son tecnológicas, sino administrativas. La incertidumbre sobre cuándo y cómo se cobra una ayuda, unida a una red de recarga pública todavía poco predecible, genera desconfianza, especialmente en quienes se acercan por primera vez al vehículo eléctrico.
Puntos de recarga instalados pero no operativos, cuellos de botella en la conexión a red, retrasos en la tramitación y problemas de mantenimiento siguen siendo demasiado habituales. Todo ello enfría la demanda en un mercado que necesita justo lo contrario.
De cara a 2026, AUVE reclama un marco estable para todo el ecosistema: un programa plurianual, reglas fijas, plazos máximos de resolución, datos públicos de ejecución y un carril específico que acelere la puesta en servicio de la recarga pública. La conclusión es clara: con estabilidad se acelera la adopción; sin ella, la demanda se enfría.
Infraestructura de recarga: la herramienta clave para democratizar la movilidad eléctrica
La recarga pública sigue en expansión, pero requiere mejoras urgentes en su despliegue, donde los plazos de puesta en marcha alcanzan hasta los dos años. No basta con instalar puntos: es imprescindible que estén operativos, bien conectados, mantenidos, accesibles y disponibles.
En este contexto, también cobra especial relevancia la recarga en corriente alterna (AC), una opción más accesible y económica, clave para democratizar el acceso a la movilidad eléctrica, especialmente en entornos urbanos y residenciales, más para aquellos usuarios que no disponen de opción de carga vinculada..
La comparación con Europa es reveladora. Carlos Carmona, portavoz de Qwello, reflexiona sobre ello: “¿Será realmente 2026 el año en que las grandes ciudades españolas se den cuenta de que sin una red masiva de recarga en corriente alterna la movilidad eléctrica no avanza? En Europa, Qwello ya gestiona 16.000 puntos de carga en más de 600 ciudades, demostrando que una red AC amplia, ordenada y accesible funciona y acelera la adopción. Además, la carga en corriente alterna es la opción más económica y la que permite que la mayoría de los ciudadanos puedan dar el salto al vehículo eléctrico. Retrasar su despliegue significa limitar el acceso a una movilidad moderna, eficiente y verdaderamente inclusiva”.
La infraestructura no puede ser un cuello de botella. Debe ser la palanca para la democratización de la movilidad eléctrica.
Las ciudades como impulsoras del cambio
Por su parte, las ciudades juegan un papel relevante como catalizadoras del cambio. En este sentido, la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) tienen una relación directa con el vehículo eléctrico, la disponibilidad de recarga y la existencia de ayudas eficaces.
Sin embargo, aunque las ZBE avanzan lo hacen de forma claramente desigual en el territorio. Actualmente, contamos con 54 ZBE ya implantadas, cerca de 90 municipios en fase de tramitación y alrededor de una veintena que ni siquiera han iniciado el proceso o no lo han comunicado oficialmente, la mayoría de ellos municipios insulares.
Que todavía haya municipios sin ZBE no responde necesariamente a una falta de voluntad política, sino a obstáculos muy concretos: falta de personal especializado, complejidad legislativa y una visión reduccionista de lo que implica una Zona de Bajas Emisiones son algunos de los factores. No en vano, las ZBE requieren de planificación urbana, conocimiento legal, conocimiento de las soluciones existentes y una gestión adecuada del cambio, donde la comunicación juega un papel clave. Informar con transparencia al ciudadano sobre el porqué de la medida, cómo se aplicará, qué objetivos persigue y qué resultados se están logrando es fundamental para evitar la polarización que está ralentizando su implantación.
Sin un enfoque integral, las ZBE corren el riesgo de percibirse únicamente como una restricción, en lugar de como una herramienta de mejora urbana.
Medición de emisiones y huella de carbono: el primer paso imprescindible
El Real Decreto de Huella de Carbono, ya en vigor para determinadas empresas, marca un antes y un después. Medir no es un trámite burocrático: es el primer paso real hacia la descarbonización. Solo lo que se mide se puede gestionar, reducir y mejorar.
Así lo confirma May López, Directora de Desarrollo en Empresas Por La Movilidad Sostenible: “La medición permite identificar dónde están las mayores fuentes de emisiones, priorizar inversiones, acceder a financiación sostenible y anticiparse a futuras obligaciones regulatorias. Para muchas empresas, además, supone una ventaja competitiva y una oportunidad para alinear estrategia, operaciones y reputación. Y en el cómputo de la huella de carbono, la movilidad laboral, y el transporte de las materias primas y los productos adquieren la mayor relevancia. Es ahí donde una vez más, la movilidad eléctrica juega y jugará un papel clave en la descarbonización”.
Fondos y ayudas disponibles: recursos hay, el reto es ejecutarlos
La Administración también tiene un papel clave en este proceso, no solo a través del establecimiento de requisitos legales, también a través de herramientas de financiación. Un compromiso que recientemente se materializaba con la aprobación de los Fondos de Carbono para una Economía Sostenible FES-CO2
El Fondo Social gestionado por el MITECO, actualmente pendiente de la aprobación de los presupuestos y bloqueado, representa una gran oportunidad para impulsar proyectos de transición energética y movilidad sostenible cuando se desbloquee.
A ello se suman nuevas ayudas recientemente anunciadas, que demuestran que existen recursos disponibles. Entre ellas, destacan los 3,3 millones de euros destinados a comunidades energéticas para descarbonización, las ayudas europeas por valor de 270,6 millones de euros a seis proyectos de hidrógeno renovable, y el anteproyecto de ley anunciado para afianzar el desarrollo del hidrógeno renovable en España, entre otra, además de programas ya existentes que financian el cambio de movilidad a opciones más sostenibles, como los Certificados de Ahorro de Eficiencia Energética.
El mensaje es claro: los ayudas existen, los marcos se están diseñando, pero el gran desafío sigue siendo la ejecución eficaz, con plazos razonables, transparencia en los mensajes, certidumbre para usuarios y empresas, procedimientos claros y capacidad administrativa suficiente para que la información y las ayudas lleguen de forma clara, simple, con homogeneidad territorial y rapidez, a quien las necesita.