El pasado viernes, 18 de octubre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estableció un hito para simplificar los trámites administrativos y, con ello, reducir los plazos de puesta en funcionamiento de los puntos de recarga pública en España.
Así, la CNMC establece que ya no es necesario exigir una licencia para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos, porque de lo contrario se estaría vulnerando la normativa (UM/045/24). Una medida que se obtuvo como conclusión de la Consulta Pública realizada el pasado mes de septiembre sobre infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.
“En estos casos, las administraciones públicas solo pueden exigir una declaración responsable. Reclamar una licencia o autorización previa vulnera el artículo 5 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM): solo se permite cuando las infraestructuras eléctricas se ubican en edificios considerados bienes de interés cultural o tienen una potencia superior a 3.000 kW. Por ello, la CNMC sugiere pedir a las administraciones públicas que ajusten sus actuaciones a la LGUM y la regulación sectorial”, asegura la CNMC.
Y es que según los datos recogidos en el IV Informe OBS sobre Movilidad Eléctrica en España, España triplica los plazos de puesta en funcionamiento de los puntos de recarga públicos frente a otros países europeos. Por ello, que se agilice el despliegue de la infraestructura de recarga pública en España se trata de una demanda exigida por los distintos actores del sector.
Es el caso de Bastian Verot, co-director general de Electra en España, que asegura que «uno de los principales retos a los que se enfrentan actualmente los operadores de recarga ultrarrápida es el largo plazo necesario para poner en funcionamiento la infraestructura. Este periodo puede variar bastante según el país de Europa, con demoras que oscilan entre 12 y 36 meses. Como resultado, los operadores nos vemos forzados a mantener nuestros activos invertidos inmovilizados durante largos periodos de tiempo. Esto, no solo dificulta el retorno de la inversión y la amortización del capital, sino que también provoca su devaluación debido al desgaste natural o posibles actos vandálicos. Si la situación continúa, puede incluso llegar a afectar a la viabilidad financiera de los proyectos. En el caso concreto de España, es fundamental una mayor colaboración con las autoridades. Porque, si no se actúa pronto, el panorama de los operadores de recarga y de todo el sector de la movilidad eléctrica, se va a complicar de cara a los próximos años», asegura.
Por su parte, Adrien Castagnie, Managing Director Iberia en ChargeGuru, constata que «en ChargeGuru instalamos y operamos puntos de recarga en el tiempo acordado con cada cliente, pero perjudica seriamente al crecimiento del mercado del vehículo eléctrico que los plazos de puesta en funcionamiento de los puntos de recarga en vía pública se alarguen tanto. Desde el sector, pedimos acelerar los tiempos de respuesta en los trámites administrativos y de las distribuidoras eléctricas».
Francisco Casas, CEO emovili, añade que “para agilizar la puesta en marcha de la infraestructura de recarga, los trámites de las administraciones públicas deben simplificarse y unificarse. Desde emovili FAST, estamos comprometidos con seguir desarrollando la infraestructura de recarga, llegando en 2029 al objetivo de los 2400 cargadores públicos para hacer más accesible la movilidad eléctrica para todos los usuarios”.
Esta situación ha obligado a empresas a buscar soluciones alternativas, como es el caso de XCHARGE. Así, Javier Lázaro, Head of Sales – Europe de XCHARGE, afirma que “los largos plazos para la instalación de nuevas estaciones de recarga suelen ser uno de los factores que retrasan la transición a los vehículos eléctricos. Estos plazos se deben a las dificultades para obtener la energía necesaria en determinados lugares con una infraestructura eléctrica insuficiente o una elevada demanda energética, como también a los trámites burocráticos que los procesos de ampliación de la red conllevan. Como solución a este problema, XCHARGE ha desarrollado soluciones de carga como el Net Zero Series, que permite una carga ultrarrápida incluso a baja potencia gracias a su sistema de baterías integrado, ahorrando tiempo y dinero”.
Y es que, si bien la infraestructura de recarga actual es suficiente para el parque actual, se deben tomar otras medidas urgentes -detectadas en la consulta pública sobre infraestructuras de recarga realizada por la CNMC- como que se requiere mayor transparencia sobre la capacidad de la red eléctrica y una reducción de los tiempos de puesta en funcionamiento, además del control del fraude y la necesidad de legislar tanto las reglas sobre acceso y conexión a las redes de electricidad como el acceso a la información relativas a la capacidad disponible y el reparto de la misma.
En esta línea, Jorge Ríos, CEO de etecnic, añade que “la distribución de la red eléctrica debería estar en manos de capital público -como otros sistemas de distribución urbana: aguas, residuos, alumbrado, etc- , y no estar en manos de empresas con capital público de otros países, dado que es una infraestructura de alto interés general. Asimismo, las administraciones públicas deberían tener un relevo generacional -que no el relevo de una generación- y trabajar en tener sistemas digitales y escalables para dar respuesta a los retos de crecimiento en nuevas infraestructuras (crecimiento de Red 5G, renovables, industria de movilidad sostenible, etc). Administración 4.0. Por otro lado, la sociedad y nuestros líderes deberíamos aceptar escenarios de crecimiento más realistas. Y es que el incumplimiento de unas expectativas generadas desde la ilusión y no desde el conocimiento, es un aspecto altamente desincentivador”.
Todas estas medidas, también detectadas en el IV Informe OBS sobre Movilidad Eléctrica en España y publicadas por Empresas por la Movilidad Sostenible, han tenido repercusión en numerosos medios de comunicación en el último mes.
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