En una decisión clave para el futuro del sector automovilístico europeo, el Parlamento Europeo aprobó el jueves 8 de mayo una modificación en la normativa sobre emisiones de CO₂ para coches y furgonetas nuevos. La medida, respaldada por 458 eurodiputados frente a 101 votos en contra y 14 abstenciones, busca ofrecer un respiro a la industria ante los rápidos avances tecnológicos y el aumento de la competencia global.
Un respiro regulatorio, sin relajar los objetivos climáticos
La principal novedad consiste en permitir que los fabricantes cumplan con los objetivos obligatorios de emisiones correspondientes a los años 2025, 2026 y 2027 tomando como referencia la media de sus resultados en ese trienio, en lugar de evaluar el cumplimiento año por año.
No obstante, es importante subrayar, como ya hizo May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible en una entrevista para la Revista HAZ, que esta nueva fórmula de cumplimiento no altera los objetivos globales de reducción, sino que introduce una flexibilidad temporal de tres años. Esto les permitirá compensar posibles excesos en un ejercicio con un mejor desempeño en otro, otorgando así mayor flexibilidad sin relajar los objetivos globales de reducción.
Y es que, según la normativa vigente, la Unión Europea exige una reducción del 15 % en las emisiones de CO₂ para la flota de vehículos nuevos (coches y furgonetas) durante el periodo 2025-2029, respecto a los niveles registrados en 2021.
El nuevo enfoque se aplicará mediante una media ponderada, basada en el número de vehículos registrados anualmente por cada fabricante. Además, la posibilidad de agruparse entre fabricantes para compartir derechos de emisiones —a través de los conocidos acuerdos de agrupación— seguirá siendo válida, fomentando la cooperación sectorial para cumplir los objetivos de forma más eficiente.
Sanciones económicas para los incumplidores
Aunque se flexibilizan los mecanismos de medición, la normativa mantiene intacto el sistema de penalizaciones. Al final del periodo 2025-2027, los fabricantes que no alcancen su objetivo individual de emisiones deberán abonar una sanción de 95 euros por cada gramo de CO₂ excedido y por vehículo matriculado, lo que refuerza el compromiso con la transición hacia una movilidad más limpia.
Una respuesta a la transformación estructural del sector
Esta medida forma parte del Plan de Acción Industrial para el sector del automóvil que la Comisión Europea presentó en marzo de 2025. El plan se diseñó tras un proceso de consulta estratégica iniciado por la presidenta Ursula von der Leyen en enero, en el que participaron representantes de la industria, expertos y otros actores clave. La Comisión ha reconocido abiertamente que el sector automotriz europeo atraviesa una profunda transformación estructural, impulsada por la transición hacia tecnologías limpias, digitales y vehículos sin emisiones.
Próximos pasos
El Parlamento Europeo aceleró la tramitación legislativa mediante el procedimiento de urgencia, y el Consejo de Ministros de la UE respaldó la propuesta el pasado 7 de mayo. Con la aprobación formal del Parlamento efectuada hoy, la medida se convierte en una regulación vinculante para todos los Estados miembros.
Esta reforma puntual refleja la voluntad de las instituciones europeas de acompañar al sector automotriz en su adaptación sin renunciar a los objetivos climáticos, apostando por una transición justa, gradual y sostenible.