El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Movilidad Sostenible, una norma clave para avanzar hacia un modelo de transporte más ecológico, seguro y digital, y que garantiza la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación.
La ley reconoce por primera vez la movilidad como un derecho social, consolidando una visión moderna e inclusiva del transporte, donde sostenibilidad, digitalización y competitividad empresarial avanzan de la mano.
Entre sus medidas más relevantes destacan:
- Digitalización obligatoria del documento de control del transporte de mercancías, que será plenamente efectiva diez meses después de la publicación de la ley en el BOE, junto con la formación virtual del CAP (Certificado de Aptitud Profesional) para transporte profesional.
- Planes de movilidad sostenible obligatorios en empresas que tengan 200 personas en un centro de trabajo o entre 100 y 240 en distintos turnos, así como en grandes centros de actividad. Estos planes deberán revisarse al menos cada cinco años e incluir medidas para fomentar la movilidad activa (a pie, en bicicleta o en vehículos de micromovilidad), el uso del transporte público y compartido, el teletrabajo y la instalación de puntos de recarga de vehículos cero emisiones.
- Instalación de puntos de recarga eléctrica en gasolineras medianas y grandes, junto con señalización específica en la red de carreteras estatales, y despliegue de estaciones de recarga rápida y ultrarrápida para larga distancia.
- Impulso al transporte ferroviario de mercancías, con bonificaciones en cánones ferroviarios y desarrollo de autopistas ferroviarias, fomentando el cambio modal desde la carretera.
- Reducción de vuelos cortos cuando exista alternativa ferroviaria de menos de dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales, y recuperación de trenes nocturnos internacionales, avanzando hacia un sistema multimodal y descarbonizado.
- Electrificación total de la red ferroviaria y descarbonización de puertos y aeropuertos, asegurando suministro eléctrico a buques, embarcaciones, aeronaves y maquinaria portuaria, con publicación anual de la huella de carbono y planes de reducción.
- Reforma del sistema de etiquetas ambientales de la DGT, incorporando las emisiones de CO₂ y los avances tecnológicos en los criterios de clasificación de vehículos.
- Desarrollo de aparcamientos seguros y protegidos en la red viaria nacional, demandados por el sector logístico y profesional.
- Creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, con el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), el Foro Territorial de Movilidad Sostenible y el Consejo Superior de Movilidad Sostenible, para coordinar políticas entre administraciones, empresas y ciudadanía.
- Impulso al Plan Nacional de la Bicicleta y al transporte público urbano, con financiación estatal garantizada para municipios de todos los tamaños.
- Objetivos de descarbonización vinculantes, integrando metas concretas para 2030 y 2040 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
La ley también eleva a rango legal los objetivos de descarbonización del transporte, integrando metas concretas y vinculantes para 2030 y 2040 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
La norma ha contado con el respaldo público de organizaciones ecologistas y sindicales, así como del sector empresarial, que reclamaba su aprobación urgente para además de garantizar una transición justa hacia la movilidad sostenible, también generar seguridad jurídica, pues representa un marco de avance imprescindible.
Desde Empresas por la Movilidad Sostenible celebramos esta aprobación como un primer paso, aunque fundamental, hacia la movilidad del futuro, pues esta ley sienta las bases para una transformación que ya es imparable. El reto, ahora, será concretar e implementar sus medidas con visión de país, reforzando la colaboración entre las administraciones públicas, las empresas y la ciudadanía para consolidar un modelo más competitivo, inclusivo y sostenible.