El final de 2025 y el arranque de 2026 han estado marcados por una intensa actividad normativa, institucional y presupuestaria en materia de movilidad sostenible. En un contexto geopolítico complejo y cambiante, Europa, España y las comunidades autónomas siguen dando pasos —a distintos ritmos— hacia un modelo de transporte más limpio, eficiente y resiliente.

Ayudas públicas, nuevos marcos regulatorios, avances en electrificación, transporte público y Zonas de Bajas Emisiones dibujan un escenario de transición que, aunque quizás no a la velocidad inicialmente esperada, continúa consolidándose. Este es el repaso completo a las principales novedades de estos meses clave.

Europa marca el rumbo: clima, industria y movilidad urbana

A nivel europeo, el cierre de 2025 ha venido acompañado de decisiones estratégicas que definen el marco de la movilidad y la descarbonización a medio y largo plazo. La Comisión Europea ha establecido un objetivo climático vinculante para 2040, que plantea una reducción del 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990, reforzando el papel del transporte como uno de los sectores clave para alcanzar la neutralidad climática.

Sin embargo, en paralelo, la Comisión ha planteado una propuesta para flexibilizar los objetivos de emisiones de CO₂ de los vehículos en el corto plazo, aunque manteniendo el horizonte de 2035 y 2050. Este debate resulta especialmente relevante para la industria del automóvil y para segmentos como el del vehículo pequeño, donde el equilibrio entre regulación, costes y electrificación es más complejo y donde ya se están explorando posibles ajustes normativos.

Este contexto se ve además influido por la dimensión geopolítica y comercial. En enero se ha conocido la posibilidad de un acuerdo entre la Unión Europea y China para sustituir los aranceles al coche eléctrico, una medida con impacto potencial tanto en la competitividad del mercado europeo como en el acceso a vehículos eléctricos más asequibles.

En este mismo marco europeo, el mes de enero ha dejado otros anuncios relevantes. La Comisión Europea ha presentado una propuesta para acelerar la adopción de flotas corporativas de cero emisiones, dirigida especialmente a grandes empresas y operadores de transporte profesional, con el objetivo de reducir de forma significativa las emisiones asociadas a este segmento. A ello se suma la asignación de más de 424 millones de euros para proyectos de infraestructura de combustibles alternativos, como recarga eléctrica e hidrógeno, en el marco del Green Deal y del mecanismo AFIF, reforzando el despliegue de las infraestructuras necesarias para la transición.

En el ámbito urbano, la Comisión Europea ha lanzado la cuarta convocatoria de la Iniciativa Urbana Europea, destinada a impulsar proyectos innovadores en las ciudades. Esta convocatoria abre nuevas oportunidades para soluciones de movilidad sostenible, digitalización del transporte y transformación urbana alineadas con los objetivos climáticos europeos.

España: marco normativo, ayudas y despliegue operativo

Si nos centramos en el ámbito nacional, el final de 2025 ha estado marcado por avances relevantes en planificación, financiación y regulación. Uno de los hitos más destacados ha sido la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, que supone un primer paso para ordenar el marco del transporte y la movilidad en España. Aunque se trata de una base normativa general, el foco ahora está en su desarrollo reglamentario y en cómo se concretan los objetivos relacionados con el vehículo eléctrico, el transporte público y la movilidad urbana.

En diciembre, se anunciaba una convocatoria de ayudas por valor de 52 millones de euros para municipios de menos de 5.000 habitantes, orientada a impulsar proyectos innovadores y cohesionadores en el entorno rural. Ayudas que abren la puerta a soluciones como el transporte a demanda, la electrificación de flotas municipales o la movilidad compartida en zonas con menor densidad de población.

En paralelo, se ha presentado el Plan España Auto 2030, una estrategia a largo plazo para reforzar la industria del vehículo eléctrico, acelerar el despliegue de infraestructuras de recarga y consolidar a España como actor relevante en la cadena de valor de la electromovilidad.

El despliegue del Programa de ayudas del Plan de Recuperación para Zonas de Bajas Emisiones y transporte urbano sostenible ha continuado avanzando, financiando actuaciones municipales vinculadas a la implantación de ZBE, la digitalización del transporte público, la mejora de la movilidad urbana y metropolitana y el impulso de la movilidad activa. Estas actuaciones se complementan con las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que sigue destinando fondos europeos a infraestructuras ferroviarias, autobuses de bajas emisiones, puntos de recarga eléctrica y soluciones de transporte sostenible.

En el ámbito normativo, el Consejo de Ministros comenzaba 2026 aprobando la modificación del objetivo anual de incorporación de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte para 2026, elevándolo del 12 % al 14 %. Medida que refuerza el papel de los combustibles renovables como vía complementaria para reducir emisiones en determinados segmentos del transporte.

También en diciembre se producía un avance relevante para los usuarios de vehículo eléctrico con el lanzamiento de la aplicación del mapa REVE. Mapa que permite localizar puntos de recarga pública y planificar rutas, contribuyendo a mejorar la experiencia de uso y la confianza en la movilidad eléctrica.

El arranque de 2026 ha venido acompañado de medidas con impacto directo en el día a día de la ciudadanía. Una de las más relevantes ha sido la extensión de los descuentos en el transporte público, con bonificaciones de hasta el 40 % y la puesta en marcha de un abono único nacional de 60 euros, orientado a fomentar el uso del transporte colectivo y reducir las emisiones asociadas al vehículo privado.

En paralelo, se ha lanzado la primera campaña institucional estatal sobre cambio climático, una iniciativa de sensibilización que refuerza el mensaje sobre la necesidad de transformar los hábitos de movilidad y avanzar hacia modelos más sostenibles.

Desde el punto de vista regulatorio, el 1 de enero de 2026 marca la entrada en vigor de la obligación de contar con Zonas de Bajas Emisiones plenamente operativas en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes y en los territorios insulares. Esta medida consolida a las ZBE como uno de los principales instrumentos de la política de movilidad urbana.

En el caso de Madrid, el inicio de año ha venido marcado por los buenos resultados en calidad del aire que ha permitido una prórroga de la moratoria de la ZBE, que permitirá circular a los vehículos sin etiqueta ambiental empadronados en la ciudad hasta finales de 2026, introduciendo un periodo adicional de adaptación.

El refuerzo autonómico: Cataluña, Madrid y Euskadi

Muchos de los objetivos y programas definidos a nivel europeo y estatal se ven reforzados desde el ámbito autonómico. Comunidades como Cataluña, Madrid o Euskadi continúan impulsando medidas propias para acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible.

Cataluña ha confirmado la ampliación del programa MOVES III, extendiendo las ayudas a la compra de vehículos eléctricos y a la instalación de puntos de recarga. Euskadi, por su parte, ha anunciado una dotación adicional de 50 millones de euros para reforzar sus programas de apoyo a la movilidad eléctrica, lo que ha generado un fuerte impulso al vehículo eléctrico en la comunidad.

En Madrid, además del Plan Mueve Madrid —vigente hasta 2026—, estas medidas se combinan con actuaciones en transporte público y movilidad urbana que complementan el marco estatal.

Pese a un entorno internacional convulso, los pasos hacia una movilidad más sostenible continúan avanzando. Europa fija objetivos ambiciosos, España despliega su marco normativo y de ayudas, y las comunidades autónomas refuerzan los programas sobre el terreno.

El reto ahora será comprobar cómo todas estas propuestas, compromisos y líneas de acción se materializan en los próximos meses para seguir impulsando cambios reales en la movilidad. Seguiremos atentos a su evolución y a su impacto en ciudades, empresas y ciudadanía.