El pasado viernes se aprobó el Real Decreto-ley 7/2026, una norma que marca un antes y un después en la manera en que las empresas tendrán que abordar la movilidad. En un contexto de crisis energética y volatilidad de los precios de los combustibles causado por la Guerra de Irán, el Gobierno ha acelerado de forma decisiva la transición hacia modelos más sostenibles, eficientes y electrificados,
El nuevo marco normativo sitúa la movilidad en el centro de la estrategia empresarial. La sostenibilidad deja de ser un objetivo a medio plazo para convertirse en un requisito inmediato, alineado con tres grandes metas: reducir la dependencia de los combustibles fósiles, contener el impacto de los precios energéticos y acelerar la electrificación de la economía.
Dentro de este contexto, la movilidad al trabajo se convierte en un eje clave de actuación.
Planes de Movilidad: el gran protagonista
Uno de los aspectos más relevantes del decreto es la aceleración de los plazos para implantar Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo.
Las empresas obligadas, aquellas con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno, deberán disponer de estos planes antes de diciembre de 2026, reduciendo en un año el calendario previsto inicialmente.
Además, los planes deberán ser mucho más completos y ambiciosos que hasta ahora. ¿Y qué implica esto para las empresas?. Entre otros aspectos, deberán incluir:
- Fomento del transporte colectivo y la movilidad activa
- Impulso de soluciones compartidas y de bajas emisiones
- Infraestructura de recarga para vehículos eléctricos
- Integración del teletrabajo como herramienta de reducción de desplazamientos
- Consideración de todo el ecosistema de movilidad (empleados, proveedores, visitantes)
- Medidas de seguridad vial y prevención de accidentes laborales
- Posibilidad de compensación de la huella de carbono
Además, estos planes deberán alinearse con las estrategias de movilidad de los municipios, reforzando la coordinación público-privada.
Por otro lado, el decreto introduce un elemento clave: las empresas que no dispongan de un plan de movilidad deberán devolver las ayudas públicas recibidas. Esto convierte la movilidad sostenible en un requisito financiero, no solo operativo.
Plan Auto +: impulso decidido al vehículo eléctrico
Asimismo, el Real Decreto-ley 7/2026 refuerza la electrificación del transporte mediante el nuevo Plan Auto+, que introduce importantes incentivos: deducción en el IRPF de hasta 3.000 € por la compra de vehículos eléctricos; incentivos para la instalación de puntos de recarga y libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para inversiones en movilidad eléctrica.
Estas medidas buscan acelerar la adopción del vehículo eléctrico tanto en particulares como en flotas corporativas, facilitando la transición hacia modelos de transporte más limpios.
Subvenciones a los combustibles: una medida de transición
El decreto también contempla subvenciones a los combustibles, orientadas a mitigar el impacto inmediato del encarecimiento energético.
Sin embargo, el enfoque es claramente transitorio. La norma deja claro que el objetivo estructural es reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles, impulsando alternativas electrificadas y más eficientes.
Impacto en el transporte profesional: más presión regulatoria
Por otro lado, uno de los sectores más afectados es el del transporte profesional, que se enfrenta a un escenario más exigente: mayor presión para reducir emisiones, incremento de costes asociados a la transición energética y necesidad de adaptación tecnológica (electrificación, nuevos combustibles, eficiencia operativa).
Aunque existen medidas de apoyo, el mensaje es claro: la descarbonización del transporte es inaplazable, y el sector deberá acelerar su transformación.
La electrificación como eje estratégico
Más allá de la movilidad, el decreto forma parte de una estrategia más amplia basada en la electrificación: incentivos a bombas de calor y renovables térmicas, impulso al autoconsumo energético, apoyo a la industria electrointensiva, desarrollo de redes y eliminación de barreras regulatorias. La movilidad eléctrica se integra así dentro de un modelo energético más resiliente y menos dependiente de factores geopolíticos.
Así, el nuevo marco regulatorio supone un reto importante, pero también una oportunidad para las empresas. Pueden reducir costes a medio plazo, mejorar la competitividad, tener acceso a ayudas públicas y reforzar su marca. Eso sí, el margen de reacción es limitado.
Ayudas concretas a profesionales
Entre las medidas concretas que se han aprobado para profesionales se encuentran:
- Ayuda de 20 cént/l de combustible para los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Además de una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes.
- Mayor flexibilidad por ley en contratos de suministro energético, para empresas y autónomos.
- Bonificación de 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.
- Reducción de hasta 30 céntimos por litro de carburante, con la bajada al 10% del gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos y la rebaja del impuesto de hidrocarburos, hasta el mínimo permitido en la UE.
- Reducción al 10% del IVA del gas natural, ‘pellets’ y leña.
Momento clave para impulsar los Planes de Movilidad
Con el nuevo plazo fijado (9 meses desde la aprobación del real decreto), las empresas deben actuar de inmediato. En este contexto, desde Empresas por la Movilidad Sostenible (EMS) se plantea una línea de trabajo muy concreta a través de los Planes de Movilidad, avalados por EMS (más información aquí): facilitar a las organizaciones la elección de proveedores con experiencia en el diseño e implantación de Planes de Movilidad alineados con la normativa, para garantizar la eficiencia y la eficacia de la implantación.
Además, apoyándose en la conexión con empresas proveedoras de soluciones (movilidad eléctrica, transporte colectivo, gestión de flotas, etc.) y la validación de enfoques que ya están funcionando en otras organizaciones, también desde Empresas por la Movilidad Sostenible, se ha lanzado el Catálogo de Soluciones’ para los Planes de Movilidad (más información aquí), con el objetivo no solo de “tener un plan”, sino acelerar su puesta en marcha con garantías de cumplimiento y coherencia con lo que exige el Real Decreto.
Porque si bien se ha acelerado los plazos, aumentado las exigencias y priorizado desde un punto de vista estratégico, no debemos de olvidar que los planes de movilidad son una herramienta para reducir costes, facilitar el acceso y la actividad de los empleados y proveedores, garantizar la operativa y minimizar riesgos ante periodos inestables, además de minimizar nuestro impacto ambiental y garantizar el cumplimiento legal.
El Real Decreto-ley 7/2026 no es una norma más: es un punto de inflexión. La movilidad sostenible pasa a ser obligatoria, medible y vinculada a financiación.
Las empresas que se anticipen no solo evitarán riesgos, sino que estarán mejor posicionadas en un entorno económico cada vez más condicionado por la energía y la sostenibilidad. El momento de actuar es ahora.